Resumen de La militarización (in) temporal de la seguridad pública en México: tensión entre seguridad y derechos humanos

Gastón J. Enríquez Fuentes, Rogelio López Sánchez

• español

  En México se ha reformado la Constitución para autorizar temporalmente la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de las Policías en tiempos de paz. Con fundamento en ello, el 11 de mayo de 2020 se expidió el Decreto presidencial por el que ordena la participación del Ejército en labores de seguridad pública en todo el país, hasta por un lapso de 5 años. La investigación demuestra a través de un método analítico que las labores de seguridad pública del Ejército son, desafortunadamente, a la luz de los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Suprema Corte de la Nación una normalidad constitucional de carácter transitoria en México. En este contexto, un importante desafío para las instituciones democráticas es defender las libertades fundamentales del ciudadano ante posibles excesos por parte del poder de reforma constitucional. Lo anterior nos lleva a concluir que la ausencia de una identidad constitucional de corte liberal que edifique un coto vedado a ese poder de reforma, garantizada además por una institución legitimada para controlarlo, es una amenaza para los derechos humanos en México.

• English

  In Mexico, the Constitution has been reformed to temporarily authorize the actions of the Armed Forces in the work of the Police in peacetime. On this basis, on 11 May 2020, the Presidential Decree ordering the participation of the Army in public security work throughout the country was issued for up to a period of 5 years. The investigation demonstrates through an analytical method that the Army's public security efforts are unfortunately in the light of the criteria of the Inter-American Court of Human Rights and the Supreme Court of the Nation a constitutional normality of a transient nature in Mexico.

  In this context, an important challenge for democratic institutions is to defend the fundamental freedoms of the citizen from possible excesses by the power of constitutional reform. This leads us to conclude that the absence of a constitutional identity of a liberal court that builds a coto vetoed to that power of reform, further guaranteed by an institution legitimized to control it, is a threat to human rights in Mexico.