Discutir el tema de la privatización de los activos públicos, de la contratación o subcontratación de particulares para la prestación de servicios que corresponde prestar al gobierno, nos ubica en la inacabada polémica sobre la dicotomía Estado-mercado. ¿Qué tanto Estado y qué tanto mercado requiere la economía de un país para darle a su población la mejor calidad de vida? ¿Uno solo de estos elementos puede garantizar la satisfacción plena de las necesidades de las mayorías? ¿Dónde debe intervenir el Estado y dónde tiene que abstenerse de hacerlo? Las teorías y propuestas de políticas públicas emanadas de la realidad de los países desarrollados, ¿son aplicables de forma mimética en nuestro país, donde el subdesarrollo y la incipiente participación de la sociedad civil en las decisiones públicas son rasgos determinantes? Estas son algunas de las preguntas que se plantean ante el tema de la privatización de actividades estatales y la estatización de actividades privadas.
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