La Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental (LEA), provee la oportunidad de incorporar una interesante herramienta al sistema jurídico español: los bancos de conservación de la naturaleza. Este mecanismo, mencionado en la disposición adicional octava de dicha ley, es ideado como una medida de compensación ambiental y su modo de operación es similar a la de un instrumento de mercado. Su principal objetivo, aunque no el único, es compensar los impactos ambientales derivados de proyectos de desarrollo socioeconómico. Pero, aun cuando esta herramienta se perfila como una buena adición al esquema de protección ambiental español, también es cierto que debe ser sujeta a un análisis, debido a que su incorrecta aplicación supondría una serie de riesgos que pudieran resultar perniciosos para el medio ambiente. En este trabajo se planea exponer las principales cuestiones en torno a la implementación de esta medida compensatoria, además de la situación actual de su desarrollo en España.
The Environmental Assessment Law (EAL) provides the opportunity to add an interesting environment protection tool to the Spanish legal system: conservation banks. This mechanism, mentioned in the eight additional disposition of the EAL, is conceived as an environmental compensation measurement and operates similarly to a market instrument. Its main goal, although not the only one, is to provide compensation for the environmental impact brought by socio economic development projects.
However, even though this tool could be a good addition to the Spanish environmental law system, it is also true that it must be subject to analysis, as an incorrect application could result on a pernicious risk to the environment. This work’s main objective is to expose the main questions surrounding a potential implementation of conservation banking and its current development in Spain.
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