Badajoz, España
La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018, introdujo la posibilidad de que las madres trabajadoras con hijos menores de tres años pudieran deducirse en la cuota diferencial del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, un total de 1.000 euros en concepto de gastos de custodia en guarderías o centros de educación infantil autorizados. La aplicación de este incentivo ha quedado constreñida por la regulación de las obligaciones de información que deben remitir las guarderías y centros, al incluir, el reformado artículo 69.9 del Reglamento del impuesto, que deben proporcionar los datos relativos a la autorización “expedida por la administración educativa competente”. Esta referencia implica que únicamente las contribuyentes que elijan guarderías y centros que dispongan de autorización autonómica para el cuidado de sus hijos puedan disfrutar de la mejora de la deducción; incurriendo, en nuestra opinión, en un ilegal exceso reglamentario que restringe el libre mercado y la libre competencia, desconoce el procedimiento administrativo de autorización y apertura de estos centros, la distribución competencial existente entre las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales al respecto; y atenta contra los principios constitucionales de igualdad y capacidad económica, con la consiguiente quiebra del valor fundamental de justicia de nuestro sistema tributario.
Law 6/2018, of July 3, on General State Budgets for 2018, introduced the possibility that working mothers with children under three years of age could be deducted in the differential quota of Personal Income Tax, a total of 1.000 euros for custody expenses in authorized kindergartens or early childhood education centers. The application of this incentive has been constrained by the regulation of the information obligations that kindergartens and centers must submit, by including the article 69.9 of the Tax regulation, which must provide the data related to the authorization "issued by the education competent administration”. This reference implies that only taxpayers who choose nurseries and centers that have regional authorization for the care of their children can apply the improvement of the deduction; incurring, in our opinion, an illegal regulatory excess that restricts the free market and free competition, it ignores the administrative procedure for the authorization and opening of these centers, the existing distribution of powers between the Autonomous Communities and the Local Corporations in this regard; and infringes the constitutional principles of equality and economic capacity, with the consequent breaking of the fundamental value of justice of our tax system.
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