Osorno, Chile
Desde la implementación de la estrategia de Atención Primaria en Salud, gradualmente se ha cristalizado desde la política pública un discurso que vincula este nivel de atención con prácticas de salud asociadas al fortalecimiento comunitario, desarrollo territorial en el contexto de un modelo de salud familiar y comunitario. Este ensayo propone un análisis crítico respecto de la articulación de Atención Primaria, el territorio y las comunidades, desde la perspectiva de derechos en salud, el posicionamiento sociopolítico de los actores que actúan en el campo social-territorial y el papel de las instituciones en la intervención comunitaria. Considerando estos aspectos, se concluye que las actividades de promoción y prevención de salud quedan relegadas al ámbito profesional en coherencia a los lineamientos de política pública nacional, no obstante, no favorecen desarrollo sanitario situado de carácter endógeno, debido a que la comunidad se considera como un actor político secundario en el proceso salud, enfermedad y cuidado, manteniendo un estatuto epistémico subalterno de objeto de intervención mediado por enfoques de atención biomédico-psicosocial que no logran relevar los problemas estructurales de desigualdad social que afectan el bien-estar.
Since the implementation of the strategy of Primary Health Care, has gradually crystallized a speech from public policy that links this level of attention with health practices associated with community strengthening, territorial development in the context of a family and community health model. This essay proposes a critical analysis regarding the articulation of Primary Care, the territory and the communities, from the perspective of rights in health, the socio-political positioning of the actors that act in the social-territorial field and the role of the institutions in the community intervention. Considering these aspects, it is concluded that health promotion and prevention activities are relegated to the professional field in coherence with the national public policy guidelines, however, they do not favor the situated health development endogenously, due to the community is considered a secondary political actor in the health, illness and care process, maintaining a subaltern epistemic status of intervention object mediated by biomedical-psychosocial care approaches that fails to relieve the structural problems of social inequality that affect the well-being.
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