Resumen de Concepto y alcance del control abstracto aplicable en las acciones colectivas sobre condiciones generales de la contratación. A propósito de la STS 408/2020, de 7 de julio y la directiva 2020/1828/UE

Estefanía Portillo Cabrera, Francisco Miguel de Pina Cortés, Virginia Jurado Luna

• español

  El enjuiciamiento de las acciones colectivas precisa de un análisis distinto al aplicable a las acciones individuales, aún cuando versen sobre las mismas condiciones generales de la contratación. Mientras que las primeras (acciones colectivas) requieren un control abstracto, las segundas (acciones individuales) exigen un análisis particularizado de las circunstancias concretas del caso. La doctrina del Tribunal Supremo, de la que es exponente su STS 408/2020, ha dejado sentado que no todas las condiciones generales pueden ser objeto de control abstracto, en tanto que aquellas cuyo examen de nulidad por falta de transparencia o abusividad precisen del análisis de circunstancias particulares de cada consumidor, no podrán ser objeto de una acción colectiva. La apreciación de dicha cuestión en una fase temprana del procedimiento sería una solución acorde con lo regulado por el legislador comunitario en la reciente Directiva 2020/1828 y en la práctica favorecería el uso del proceso colectivo como una herramienta eficaz para la protección de los consumidores.

• English

  The judgment of class actions is different than the one suitable for individual actions, even if the general term or condition contested is identical in both cases. While class actions require an abstract control, individual actions need to be judged in their own context and in the light of a full analysis of the issues at stake. The Supreme Court ruling nº 408/2020 has claimed that not all general terms and conditions can be analyzed through an abstract control, because the nullity of some general conditions depend on the specific circumstances of the commercialization. In those cases, class actions would not be suitable to address the validity of the disputed clause, neither would be an abstract control. Noticing and eradicating this issue at an early stage of the judicial procedure would be a solution consistent with the recent Directive 2020/1828 which would promote the use of collective proceedings as an effective tool to protect consumers.