Nos gustaría comenzar este artículo indicando que tras dos años de recorrido de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, y un convulso pasado de malas prácticas bancarias, sorprende que a estas alturas siga siendo noticia que las entidades financieras continúan ignorando los estándares de transparencia fijados por la normativa nacional y comunitaria. Pero desafortunadamente no es así.
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