Este artículo trata de los conflictos sociales entre los Pueblos Indígenas y el Estado, originados a causa de las concesiones otorgadas por el Estado para la explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas. Esto genera contaminación ambiental y destrucción de ecosistemas, la vulneración de varios derechos, entre ellos el derecho al medio ambiente (Art. 2, 22 Constitución Política del Perú). Los Pueblos Indígenas desconfían de las políticas públicas y el Derecho como es en el caso de la Ley de Consulta Previa, percibida como una suerte de aditamento a favor de las empresas extractivas. Frente a esta situación, con la excusa de promover la inversión privada, el Estado ha hecho poco por defender los derechos indígenas. Por otro lado, la Constitución establece garantías constitucionales.
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