Los documentos son el sustento de las actividades de cualquier empresa. Una buena política documental es esencial si una compañía quiere ser eficaz. Por otra parte, el papel de los documentos y de los archivos va más allá de una buena gestión: sustentan la historia de la compañía, la dotan de identidad y sirve de defensa de sus intereses. Pero estos documentos son también de utilidad para clientes y proveedores, así como para las comunidades en las que operan las empresas, ya que constituyen pruebas esenciales para solventar reclamaciones de posibles afectados por una mal actuación empresarial, dolosa o involuntaria. El compromiso en el uso de datos abiertos y en el derecho de acceso a los archivos empresariales será un auténtico antídoto contra la impunidad de las violaciones de derechos humanos, cometidas sobre todo por las llamadas transnacionales, y lamentablemente patentes desde hace decenios. Somos conscientes de que acceso a estos archivos empresariales no tiene una solución sencilla, ya que pivota entre dos derechos fundamentales en nuestras democracias: el derecho de acceso a la información y el derecho al control de la propiedad privada. Consideramos que un equilibrio es posible y beneficioso para todas las partes, ya que, siempre que se garanticen los intereses legítimos empresariales, servirá tanto como imagen de transparencia y generador confianza en las compañías, como para reparar los posibles daños que hayan podido cometer. EN una época en la que la transparencia es un valor en alza, el sector privado no debería quedarse al margen.
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