Lejos del tópico del servidor del Estado que vive sin grandes vicisitudes, los funcionarios japoneses de máximo nivel trabajan en condiciones extenuantes, realizando hasta 300 horas extras al mes. Los convenios laborales –ya de por sí muy poco proteccionistas– no se les aplican. Resultado: un número creciente de estos abandona los ministerios, provocando una crisis en la administración pública sin precedentes.
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