Barcelona, España
La Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo que crea la obligación de informar de los intermediarios financieros impone al legislador nacional el establecimiento de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias. En esta orientación se ha aprobado en España la Ley 10/2020 para su introducción en la Ley General Tributaria. El objeto de nuestro artículo resulta su análisis en base a dos consideraciones y principios punitivos básicos: la culpabilidad de la infracción y la proporcionalidad de su sanción. Se plantea dicho estudio considerando planteamientos genéricos y teóricos, pero también aplicativos y pragmáticos en donde la comparación con la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y los regímenes jurídicos existentes resulta básica.
Council Directive (EU) 2018/822 of 25 May, which establishes the obligation to inform financial intermediaries, requires the national legislator to establish effective, proportionate and dissuasive sanctions. In this sense, has been adopted in Spain the Law 10/2020 for its introduction in the General Tax Law. The object of our article is its analysis based on two considerations and basic punitive principles: the culpability of the infraction and the proportionality of its sanction. This study is proposed considering generic and theoretical approaches, but also applicative and pragmatic where the comparison with the doctrine of the Court of Justice of the European Union and the existing legal regimes is basic.
© 2001-2026 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados