La política agraria común ha ido incorporando altas dosis de subsidiariedad hasta llegar a una situación en la que aprueba normas comunes para todos los Estados miembros y, a la vez, deja a los gobiernos nacionales un amplio margen de maniobra para adaptarlas en sus respectivos territorios. La Política Agraria Común (PAC), que probablemente entrará en vigor en 2003, se enmarca en un contexto caracterizado por continuar apoyando las rentas de los agricultores mediante el sistema de ayudas directas, por seguir contribuyendo a la lucha contra el cambio climático y por ampliar su horizonte hacia una política alimentaria, resumida en la estrategia "de la granja a la mesa" del Pacto Verde Europeo
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