Santiago, Chile
Este artículo analiza la protocolorización del género en las universidades chilenas como resultado de la institucionalización de las demandas estudiantiles feministas del año 2018. Tomando conceptos de la teoría de la performatividad de Judith Butler, el argumento que se desarrolla es que los protocolos son regulaciones normativas que obedecen a formaciones de poder y versiones hegemónicas de conceptualizar el sujeto mujer, y cuya falta de examinación, supone el riesgo de re naturalizar prácticas y operaciones de exclusión derivadas del régimen político de la heterosexualidad.
Asimismo, la protocolorización de la violencia sexual, su objetivación en procedimientos jurídicos y una semántica del hecho, si bien responde a una necesidad de brindar mayor seguridad a l@s integrantes de la comunidad universitaria bajos criterios consensuados, también corre el riesgo de ser reducida estrictamente a un problema jurídico en que la dimensión más amplia de la violencia como son las relaciones de género y el régimen político de la heterosexualidad, la pregunta por la ética y la responsabilidad colectiva se difuminan bajo una racionalidad de responsabilización individual propia de las lógicas (neo)liberales y que el feminismo ha cuestionado profundamente en las últimas décadas.
This article analyzes the protocolization of gender in Chilean universities as a result of the institutionalization of feminist student demands in 2018. Taking concepts from Judith Butler's theory of performativity, the argument that is developed is that protocols are normative regulations that they obey power formations and hegemonic versions of conceptualizing the female subject, and whose lack of examination, entails the risk of re-naturalizing practices and operations of exclusion derived from the political regime of heterosexuality. Likewise, the protocolization of sexual violence, its objectification in legal procedures and the hegemony of a semantics of the fact, although it responds to a need to provide greater security to the members of the university community under consensual criteria, also runs the risk of be strictly reduced to a legal problem in which the broader dimension of violence such as gender relations and the political regime of heterosexuality, the question of ethics and collective responsibility are blurred under a rationale of individual responsibility typical of the (neo) liberal logics that feminism has deeply questioned in recent decades.
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