En mayo de 2006, producto de una serie de luchas y conquistas sociales y políticas, la Corte Constitucional reconoció mediante la sentencia C-355 de 2006 el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) segura, como parte integral e indivisible de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, en tres circunstancias específicas: (a) cuando el embarazo constituye peligro para la vida o la salud de la mujer; (b) cuando existe grave malformación del feto que haga inviable la vida extrauterina; y (c) cuando el embarazo es resultado de una conducta delictiva. A pesar de la existencia de esta sentencia, persisten en Colombia graves problemas en el acceso a la tutela efectiva de este derecho.
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