En este artículo se realiza un análisis crítico de la Resolución 235/2019, de 8 de marzo del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) y de sus efectos negativos sobre las posibilidades de la contratación pública como vehículo de mejora de las condiciones laborales y sociales de los trabajadores adscritos al contrato.
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