Encuadrado este caso en las figuras administrativas que sirven de cabecera, expropiación y contrato administrativo, se cuestiona la legalidad de distintas situaciones producidas en las mismas, tales como la existencia de una posible vía de hecho en el procedimiento expropiatorio; la interpretación del silencio de la Administración a la hoja de aprecio realizada por el propietario; la posible ilegalidad de la composición del jurado de expropiación; el rechazo de las ofertas por la mesa de contratación en el contrato de obras; impuestos a pagar por el justo precio; la no motivación de no dividir en lotes el objeto del contrato; el ajuste a derecho de la reversión pedida; la justificación o no del expediente de contratación de urgencia y el posible retraso en el inicio de la ejecución de las obras.
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