Se plantean en este supuesto práctico cuestiones jurídicas de diversa índole relacionadas con un bien de carácter de dominio público propiedad de la Administración General del Estado (la viabilidad de su enajenación, un conflicto de atribuciones entre dos ministerios, las circunstancias surgidas de una autorización de uso tanto individual como a favor de una asociación), el acceso o no a la información solicitada por un ciudadano, las peculiaridades de un contrato administrativo de servicios y, finalmente, vicisitudes en un procedimiento de deslinde entre una finca de la AGE y otra, propiedad de un particular.
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