En pleno siglo XXI seguimos luchando para que los derechos humanos sean garantizados a todos los seres humanos, los principios que los permean como la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, no bastan por si solos, para que sean respetados a toda y cada una de las personas que habitan en el planeta. Por ello, ha sido indispensable diseñar y contar con los medios que permitan garantizar su salvaguarda, aunque desafortunadamente ninguno sea eficaz por sí mismo. Pero tratándose de niños, el problema es aún más grave, debido a que dada su condición de personas en vías de desarrollo, son parte de un grupo vulnerable que requiere una atención especial por parte del Estado y una regulación normativa específicamente diseñada para su protección, máxime si los ubicamos desde la perspectiva de migrantes y los riesgos que la migración ilegal de menores solos o acompañados conlleva, como la trata de personas.
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