En el presente artículo de opinión se van a analizar, desde el prisma de la doctrina y de la praxis judicial, las principales cuestiones que suscita la prueba en el seno de las medidas cautelares previstas en el art. 728 LEC, y en concreto respecto de dos de sus presupuestos fundamentales: el fumus boni iuris y el periculum in mora, la distribución de la carga de la prueba que compete tanto al solicitante de la adopción de la medida como al demandado y algunos problemas prácticos que plantea la proposición de la prueba en este ámbito.
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