La legislación sobre comercio minorista somete la apertura de grandes superficies a la obtención de una licencia comercial específica que conceden las Comunidades Autónomas. En Cataluña se exige que el grupo que solicita la licencia no rebase determinadas cuotas de mercado. Este mecanismo encierra serios problemas desde un punto de vista económico: distorsiona el funcionamiento del mercado y resulta discrecional. Este artículo analiza estos problemas a la vista del cálculo de cuotas realizado por el Departament de Comerç en su Libro Blanco sobre la concentración empresarial en el sector de la distribución comercial en Cataluña.
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