La creación de la Unión Europea y Monetaria(UEM) ha traído consigo la necesidad de coordinar las políticas presupuestarias de los estados miembros, para hacerlas compatibles con la política monetaria común. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) aprobado en el Consejo de Amsterdan de 1997 obliga a los países miembros a facilitar la coordinación de las políticas presupuestarias y a perseguir a medio plazo el objetivo de equilibrio o superávit presupuestario, de forma que ni en situaciones de recesión el déficit pueda superar el límite del 3% del PIB.
A finales del año 2001, España aprueba la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, y, posteriormente, el Gobierno decide que el 'déficit cero' debe ser el objetivo de la política presupuestaria de todas las Administraciones públicas, entre ellas, las más de 8.000 entidades locales. Por otra parte, la ley establece que el cálculo y verificación del cumplimiento del objetivo de estabilidad, se realice aplicado el sistema europeo de cuentas, muy distinto al sistema de contabilidad pública aplicado por las Administraciones públicas.
Este trabajo pretende analizar los presupuestos básicos de la ley, las consecuencias que presenta para el conjunto las Administraciones públicas desde el punto de vista del sistema contable y, de forma especial, su incidencia práctica sobre la gestión financiera de las Entidades locales.
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