La determinación de si el «archivo definitivo» del proceso penal es efectivamente competencia del Letrado de la Administración de Justicia mediante el dictado de un decreto numerado o, por el contrario, es el Juez o Magistrado del Tribunal quien debe archivar definitivamente la ejecución por medio de un auto numerado, es una cuestión domestica procesal de relativa importancia en cuanto que incide necesariamente en la cuantificación de los módulos de productividad de jueces y magistrados, así como en los baremos de productividad semestrales de los Letrados de la Administración de justicia. Y es una cuestión que debería quedar regulada claramente en la nueva ley de Enjuiciamiento Criminal para evitar posibles conflictos profesionales.
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