La formación de personal investigador y su empleo en las instituciones de investigación y empresas constituyen objetivos estratégicos para cualquier país que persiga un desarrollo basado en el conocimientos, así como para dar respuesta a los retos ambientales, sanitarios y de otra índole. Es más, la inversión en I+D y el fomento de los empleos relacionados con la investigación científica constituyen herramientas particularmente adecuadas para remediar dos de los principales lastres sociales y económicos que padece España: la elevada tasa de paro juvenil y una actividad económica poco innovadora, con hondas raíces en sectores de débil base científica y bajo nivel tecnológico
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