La sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 2020 (Sección 5ª, recurso casación 5964/2019, ponente D.ª Inés María Huerta Garicano), en relación con la responsabilidad patrimonial del Estado Legislador por aplicación de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, se pronuncia sobre la exigencia del art. 32.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y sobre los daños que resultan indemnizables.
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