Hacia una normativa penitenciaria acorde con lo dispuesto en la CIDPD II. Trabajo penitenciario y formación profesional. ¿Cuáles son los recursos y programas de intervención adecuados para los reclusos con una capacidad de trabajo disminuida por una discapacidad física o intelectual? ¿En qué medida la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad ofrece orientación a este respecto?

• Autores: Luis M. Martín Domínguez
• Localización: Revista de derecho y proceso penal, ISSN 1575-4022, Nº. 60, 2020, págs. 159-166
• Idioma: español
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• Resumen
  • español

    Las personas internas en Centros Penitenciarios que sufren algún tipo de enfermedad mental y/o alguna discapacidad física o sensorial, especialmente las personas que sufren una discapacidad intelectual, y se ven inmersas en proceso penal que conlleva su ingreso en prisión, por razones obvias que a nadie les pasan desapercibidas, son especialmente vulnerables en su paso por nuestra Institución Penitenciaria, también cuando tras su paso por ella la abandonan. Aunque se realiza diariamente un esfuerzo notable en cuanto al tratamiento debido a estas personas desde la Institución, y por parte de los profesionales que diariamente están en contacto con ellas, y aunque nuestra normativa es especialmente garantista con los derechos de las personas en ella recluidas, es obsoleta en relación a lo dispuesto sobre derecho al trabajo y formación laboral en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad o enfermedad mental recluidas en nuestra Institución, pues no se ha adaptado a los instrumentos normativos dictados sobre los derechos de las personas con discapacidad en los últimos tiempos, y no ofrece respuestas específicas y diferenciadas para estas personas especialmente vulnerables. A la vista de los instrumentos normativos específicos que tanto en el plano Internacional, como en el plano nacional se han dictado referentes a los derechos de las personas con discapacidad o afectadas por enfermedad mental, además de los últimos informes emitidos por los órganos encargados de velar por la efectiva aplicación de aquellos se hace necesario que la normativa penitenciaria se adecue tanto a unos como a otros para tratar de que las personas especialmente vulnerables por tener sus capacidades especialmente afectadas vean sus derechos reconocidos en dicha normativa penitenciaria y en la práctica penitenciaria. Es necesario advertir que es particularmente relevante de lo expuesto anteriormente que en la normativa penitenciaria aunque existe algún precepto referido al trabajo penitenciario, estos son obsoletos y no son referidos a los discapacitados internos en Instituciones Penitenciarios y se ha creado la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo su estatuto no deja de ser una cuestión institucional en el que se indica la forma comercial del mismo, no existe normativa que establezca la necesidad de que nuestra Institución disponga de capacidad de intervención o de programas de tratamiento basados en la promoción del derecho al trabajo de las personas con discapacidad internas en Instituciones Penitenciarias, aun así los profesionales penitenciarios tratan de poner en práctica diariamente el que las personas con discapacidad tengan derecho a un trabajo y se formen y capaciten para poder trabajar en condiciones de igualdad cuando abandonen nuestra Institución como personas libres, por lo tanto podemos afirmar lo que se viene haciendo es la implementación de lo dispuesto en el Artículo 27 de la CIDPD como una cuestión de práctica diaria por los profesionales, que no normativa, lo que acarrea una gran inseguridad jurídica a los profesionales, entidades colaboradoras y a los propios discapacitados internos en Instituciones Penitenciarias.

  • English

    Inmates in Penitentiary Centers who suffer some type of mental illness and / or some physical or sensory disability, especially people who suffer from an intellectual disability, and are immersed in criminal proceedings that entail their admission to prison, for obvious reasons that no one goes unnoticed, they are especially vulnerable in their passage through our Penitentiary Institution, also when after passing through it they leave it. Although a notable effort is made daily regarding the treatment due to these people from the Institution, and on the part of the professionals who are in daily contact with them, and although our regulations are especially guaranteed with the rights of the people held there, It is obsolete in relation to the provisions on the right to work and job training under equal conditions for people with disabilities or mental illness confined in our Institution, since it has not been adapted to the normative instruments issued on the rights of people with disabilities in in recent times, and does not offer specific and differentiated answers for these especially vulnerable people. In view of the specific normative instruments that have been issued both at the international level and at the national level regarding the rights of people with disabilities or those affected by mental illness, in addition to the latest reports issued by the bodies in charge of ensuring Due to the effective application of those, it is necessary that the penitentiary regulations be adapted to both, to try to ensure that people who are especially vulnerable due to their specially affected capacities see their rights recognized in said penitentiary regulations and in penitentiary practice. It is necessary to note that it is particularly relevant from the foregoing that in prison regulations, although there is some precept referring to prison work, these are obsolete and do not refer to disabled inmates in Penitentiary Institutions and the State Entity Penitentiary Work and Training has been created For Employment, its statute is still an institutional matter in which the commercial form of the same is indicated, there is no regulation that establishes the need for our Institution to have intervention capacity or treatment programs based on the promotion of the right to the work of people with disabilities inmates in Penitentiary Institutions, even so prison professionals try to put into practice on a daily basis that people with disabilities have the right to a job and are trained and trained to be able to work in equal conditions when they leave our Institutions free people, therefore we can affirm what is being done is the implementation of the provisions of Article 27 of the CIDPD as a matter of daily practice by professionals, not normative, which leads to great legal insecurity for the professionals, collaborating entities and the disabled inmates in Penitentiary Institutions