La Ley 1/2020, de 8 de octubre, modifica la Ley regional del Suelo con la finalidad de impulsar y reactivar la actividad urbanística. Para ello revisa los procedimientos de intervención administrativa en los actos de construcción, edificación y uso del suelo, priorizando el mecanismo de la declaración responsable con el fin de reducir los dilatados plazos de espera para la realización de actuaciones urbanísticas, que actualmente elevan su coste y ahuyentan la inversión.
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