El Decreto Legislativo 1/2020, de 28 de agosto, pretende agilizar los procedimientos administrativos de control ambiental, garantizando la colaboración entre todas las administraciones públicas competentes, así como fomentar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. Prevé una prestación ambiental sustitutoria frente a las multas impuestas, orientada a la restauración, conservación o mejora del medio ambiente.
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