En el marco de las diversas iniciativas que se han planteado en torno al Mercado Único Digital, la Comisión Europea ha propuesto una nueva Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual cuyo reto principal es cohonestar la protección de los intereses de los broadcaster tradicionales y de los nuevos operadores, por cuanto todos ellos deben ser compatibles. La elección de este concreto Instrumento normativo para posibilitar este propósito no es baladí, ya que permite un margen a los Estados Miembros. Un objetivo difícil, sí, por cuanto el servicio audiovisual público se debe a una audiencia amplia, lo que no siempre coincide con un target alto que, en cambio, sí ofrece rentabilidad económica. Pero una oportunidad única de dotar a la lógica económica que se presupone al sector audiovisual de una rentabilidad social. Y ello porque es un hecho que el consumo de contenidos audiovisuales ha cambiado (esta transformación es evidente especialmente en la 50 televisión lineal) Ante este nuevo panorama, los motores del negocio de la televisión -contenidos, publicidad y audiencias (telespectadores/abonados)- se verán abocados a una redefinición de sus modelos respectivos ante el nuevo ecosistema digital. En esta Comunicación se abordan los desafíos regulatorios que plantea la nueva Directiva europea y su impacto en el concepto de servicio audiovisual público.
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