El fomento de la economía social en la legislación española

• Autores: Gemma Fajardo García
• Localización: La economía social, pilar de un nuevo modelo de desarrollo económico sostenible / CIRIEC España (dir. congr.), 2011, ISBN 9788495003850
• Idioma: español
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• Resumen

  • La economía social comienza a tener reconocimiento en la legislación española en 1990, con la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de creación del Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social. Desde entonces el legislador se ha referido en diversas ocasiones a la misma, acotando su ámbito de aplicación, y con fines fundamentalmente de fomento. Este es el caso de la Ley 27/1999, de 16 de julio por la que se crea el Consejo para el Fomento de la Economía Social.

    A partir de 2006 la economía social comienza a tener reconocimiento en los Estatutos de Autonomía de diversas Comunidades Autónomas (Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía, Aragón o Castilla y León). Este reconocimiento es reflejo de una mayor preocupación por este sector de la economía.

    Al mismo tiempo, tanto por parte del Estado como de las Comunidades Autónomas, comienzan a adoptarse medidas de política pública que tienen como objetivo directo el fomento de la economía social, bien sea su difusión, financiación, promoción, representatividad, etc.

    Sin embargo, no existe en estos momentos una definición uniforme de economía social, y hay que analizar en cada caso cual es el ámbito de aplicación de la norma en particular.

    En la actualidad, se debate en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley de economía social, cuyo objeto es, según reconoce en su exposición de motivos, definir el concepto de la economía social, determinar las entidades que integran su marco básico de actuación, y establecer medidas de fomento a favor de las mismas en consideración a los fines y principios que le son propios.

    El objetivo de la presente comunicación es hacer un análisis de las normas legales que en los últimos años han tenido como objetivo directo fomentar la economía social, para identificar su ámbito de aplicación en cada caso y las medidas adoptadas, tanto por parte del Estado como por parte de las Comunidades Autónomas.

    Este análisis debe concluir necesariamente con una referencia al actual proyecto de ley de economía social y una valoración de su propuesta de fomento de la economía social.