La Argentina afronta grandes desafíos para lograr un desarrollo económico y social justo, sostenible y continuado. La Economía Social tiene un rol imprescindible en la consecución de ese cometido. El proceso de globalización no ha sido un proceso que tienda a homogeneizar el desarrollo de los distintos países ni de sus sociedades, sino por el contrario ha agudizado las diferencias entre los distintos países y al interior de sus sociedades. La actual crisis internacional, iniciada en el invierno boreal de 2008, ha agudizado esa situación, más allá de que los países de nuestra región han demostrado encontrarse en una situación mejor que en la década pasada, y han respondido más rápidamente que las economías de los países centrales. El cambio de paradigma productivo operado en los últimos años mediante la masiva incorporación de la informática, las telecomunicaciones, la biotecnología, etc., ha posibilitado la expansión de la producción de bienes y servicios, pero con una sensible disminución de la cantidad de mano de obra ocupada. Al decir de Peter Drucker, cada vez se puede producir más con menos gente. Esto es aumento de la productividad, pero dada la elasticidad producto- empleo, más allá del crecimiento del PBI, el desempleo se vuelve permanente para grandes sectores de la población económicamente activa. La exclusión social se vuelve parte del paisaje. Tanto la lógica del sistema de mercado (lucro, acumulación de capital) como la del sistema público (generación de legitimidad, aumento de poder político) se revelan insuficientes para brindar por sí solas soluciones a este creciente problema. Es en las distintas manifestaciones que asume la Economía Social donde se vislumbra un aporte significativo para garantizar un nivel de calidad de vida ampliado de la población. Simultáneamente, luego de un largo período de preeminencia de teorías económicas que desacreditaban el concepto mismo de desarrollo, dejando que la dinámica del mercado condujera no sólo el crecimiento económico, sino el desarrollo de la sociedad; y verificado el fracaso de los modelos basados en esas concepciones; resurgen y se renuevan ideas acerca de la necesidad de asumir el desarrollo como un “proceso sistémico”, (Boisier et alt)) y donde el “capital social y cultural” (Kliksberg et alt) son un insumo imprescindible para el logro de esos fines .Desde estas miradas, también se refuerzan la ideas del “desarrollo local y regional” como procesos inducidos, y donde las distintas manifestaciones de la Economía Social desempeñan un rol central, no solo económico y laboral, sino fundamentalmente cultural, político y social, desde que se trata de una economía que “crea sociedad”. Son los protagonistas de estos procesos aquellas personas, instituciones sociales, gobiernos que coexisten en el territorio, en el lugar donde ocurre la vida, no los que se mueven por el espacio (Baumann). La articulación público-privada en la concepción, elaboración, ejecución y control de las políticas públicas las torna más eficaces y eficientes. En un planteo que apunta a contribuir positivamente a lo que Robert Castel plantea como la nueva cuestión social: esa aporía fundamental en la cual una sociedad experimenta el enigma de su cohesión y trata de conjurar el riesgo de su fractura. Es un desafío que interroga, que pone en cuestión la capacidad de una sociedad para existir como un conjunto vinculado por relaciones de interdependencia” (RCastel, 1997). En la Argentina, desde el gobierno nacional y los distintos gobiernos locales se están ejecutando políticas sociales que coadyuven a incluir al conjunto de la población. También son importantes los esfuerzos nacidos en el seno de la sociedad. Pero es de destacar que nuestro país aún tiene no sólo tasas altas de desempleo, sino graves índices de informalidad laboral, que afectan a más de un tercio de la PEA. A la significativa presencia de instituciones insignias de la economía social, como mutuales y cooperativas, se han agregado en el último tiempo, el desarrollo de nuevas instituciones. Se destacan la ley de Promoción del microcrédito para el desarrollo productivo, la promoción del asociativismo, incentivos mediante la creación de mercados, ganancia de competitividad en encadenamientos productivos, apoyo a empresas en crisis recuperadas por sus trabajadores, intentos de vinculación del ahorro local con el crédito local, entre otras, La medida de su impacto en la transformación de las relaciones sociales es parte del debate actual.
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