A día de hoy, nadie se atreve ya a negar que el principal mandato de las instituciones culturales públicas es garantizar el pleno derecho de acceso a la cultura de cualquier persona. Sin embargo, las dificultades se multiplican cuando dichas instituciones, lastradas por la rigidez, el vértigo ante lo incierto o la falta de mecanismos, tratan de ponerlo en práctica. ¿Qué condiciones deberían darse en ellas para que puedan llegar a abrir nuevos espacios reales para la participación y la gobernanza compartida? Entre las múltiples respuestas posibles, una interpela directamente a los gestores culturales públicos: una reconversión hacia un ejercicio basado en la mediación, facilitando espacios y procesos desde los que explorar modelos de gobernanza compartida que doten de agencia a las comunidades en la producción y la toma de decisiones en cultura. En ese contexto, la experiencia de Harinera ZGZ se presenta como una práctica real dirigida a materializar ese derecho de acceso. Un equipamiento cultural público dedicado a la cultura comunitaria en el que administración, tejido vecinal y agentes culturales comparten su gestión, a través de un modelo asambleario que en sus cuatro años de andadura se ha consolidado como un éxito. Una institución que se ha repensado, ofreciendo un marco replicable desde el que abrir nuevos espacios a la participación, la democracia cultural y la accesibilidad.
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