En los últimos tiempos, los Estados dependen cada vez más de programas y algoritmos para ejercer sus potestades públicas. Sin embargo, se ha demostrado que la transformación digital de los Estados tiene aspectos sin resolver. Pero la respuesta no es negar a los Estados el acceso a la tecnología automatizadora. Este trabajo apunta hacia una visión positiva de lo que hemos bautizado como el “Estado algorítmico de Derecho”, que adopta herramientas automatizadas sólo cuando éstas mejoran, en lugar de socavar, los fundamentos de la legitimidad de los Estados democráticos.
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