En los últimos meses hemos asistido a una proliferación de normas en las distintas Comunidades Autónomas, a través de las cuales se adoptan medidas para paliar los efectos negativos derivados de la crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19. La finalidad pretendida con esta normativa es impulsar la reactivación de la economía y la recuperación social, promoviendo medidas tendentes a la simplificación de los procedimientos y a la eliminación de trabas administrativas. Con este objeto, se llevan a cabo modificaciones en materia urbanística en aras de una mayor flexibilización de este sector del ordenamiento jurídico.
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