Aspectos constitucionales de los principios de legalidad y estabilidad presupuestaria en la aprobación del gasto público

• Autores: José María Pérez Zúñiga
• Localización: Presupuesto y gasto público, ISSN 0210-5977, Nº 99, 2020, págs. 61-76
• Idioma: español
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• Resumen
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    El control del gasto público se ha convertido en una directriz de las Administraciones públicas en España. Dentro de los criterios de convergencia de la Unión Europea, el control del déficit y de la deuda pública como medio de garantizar la sostenibilidad económica y social de los países europeos es un objetivo prioritario, un compromiso articulado por el Derecho europeo y consagrado en el ordenamiento español con la reforma del artículo 135 de la Constitución, que ha convertido el principio de estabilidad presupuestaria en un valor estructural y que condiciona la capacidad de actuación del Estado. Junto al principio de legalidad (133.4 CE), conforma un límite a la actuación de los poderes públicos. Sin embargo, la aplicación de estos principios puede afectar a los derechos sociales y al modelo de Estado de nuestro país. Estos principios deben ser interpretados de conformidad con las reglas económicas constitucionales que aseguran la vigencia del Estado social y democrático de Derecho.

  • English

    The control of public expenditure has become a general government guideline in Spain. Within the convergence criteria of the European Union, the control of deficits and public debt as means of ensuring the economic and social sustainability of European countries is a priority objective, a commitment articulated by European laws and included inSpanish laws with the reform of Article 135 of the Constitution, which has converted the principle of budget stability in a structural value and that conditions the ability to act of the State. Along with the principle of legality (133.4 EC), it conforms a limit to the actions of public authorities. However, the application of these principles may affect social rights and the type of State of our country. These principles must be interpreted in accordance with the constitutional economic rules that ensure the effectiveness of the social and democratic State of Law.