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Transversalidad del derecho ambiental y criminalizacion de las protestas sociales

    1. [1] Universidad Nacional del Altiplano de Puno
  • Localización: Revista de Derecho: Universidad Nacional del Altiplano de Puno, ISSN-e 2707-9651, ISSN 2313-6944, Vol. 5, Vol. 1, 2020 (Ejemplar dedicado a: Revista de Derecho de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno), págs. 3-20
  • Idioma: español
  • Títulos paralelos:
    • Transversality of environmental law and criminalization of social protests
  • Enlaces
  • Resumen
    • español

      La transversalidad del derecho ambiental como fundamento en contra de  la criminalización de las protestas sociales, significa que el derecho ambiental como derecho humano se caracteriza por su transversalidad, esto es, que sus valores y principios irradian en todo nuestro ordenamiento jurídico nacional con la finalidad de que el hombre como fin supremo de la sociedad y del Estado, logre y disfrute su derecho fundamental al desarrollo sostenible para satisfacer sus necesidades básicas, por tanto, es un derecho que le corresponde proteger a todo ciudadano -cuando se encuentra en riesgo o fue vulnerado-, a través de la protesta social, comprendida como derecho constitucional, cuando el gobierno no atiende sus reclamos. La intersección entre la transversalidad del derecho ambiental y la criminalización de las protestas sociales es un contexto complejo de abordarlo porque reposan sus orígenes no sólo en el neoliberalismo y la imposición de proyectos económicos sino también en las formas que adopta el gobierno para solucionar las protestas sociales. La protesta social no debe ser criminalizada, por cuanto, es legítima y se constituye en un mecanismo para proteger diversos derechos constitucionales, como el derecho ambiental.

    • English

      The transversality of environmental law as a foundation against the criminalization of social protests, means that environmental law as a human right is characterized by its transversality, that is, that its values and principles radiate throughout our national legal system with the purpose of That man, as the supreme goal of society and the State, achieves and enjoys his fundamental right to sustainable development to meet his basic needs, therefore, it is a right for him to protect every citizen -when he is at risk or was violated-, through social protest, understood as constitutional law, when the government does not respond to its claims. The intersection between the transversality of environmental law and the criminalization of social protests is a complex context to address it because its causes lie not only in neoliberalism and the imposition of economic projects but also in the ways that the government adopts to solve social protests. Social protest should not be criminalized, since it is legitimate and constitutes a mechanism to protect various constitutional rights, such as environmental law.


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