Resumen de El ADN en la filiación disputada: salud, ciencia y sociedad ecuatoriana
Fabricio González-Andrade, Frank Weilbauer, Dora Sánchez, María Begoña Martínez Jarreta
a) Objetivo: Evaluar la demanda de los estudios de ADN para casos de filiación disputados, y los componentes socio-judiciales que involucran este tema.
b) Métodos: Este es un estudio descriptivo observacional de los casos de estudios paternales registrados en el período de 1997 al 2001, y realizados por el Laboratorio de Genética Molecular de la Cruz Ruja Ecuatoriana. Analizamos 1495 casos de paternidad disputada, procedentes de todas las provincias del Ecuador.
c) Resultados: El promedio anual fue de 299 casos. El promedio de pericias privadas es del 38% (n=117,6), solicitadas por tribunales 62% (o=180.2). El 81,47% (n=1218) de todos los casos son estudios de tríos completos, el 13,71% (n=205) de los casos son estudios con sólo Padre e hijo, el 1,94% (n=29) de los casos son estudios de maternidad; el 2,67% (n=40) son estudios de padre, madre con dos u más hijos. El 23,61% (n=353) de los casos corresponden a exclusiones, y de ellos, el 83,58% (n=298) se excluyen con más de 2 incompatibilidades. Las inclusiones corresponden al 78,46% del total (n=1173).
d) Conclusiones: Las pericias solicitadas por Tribunales son la primera fuente de solicitudes. Existe un aumento de las pericias a nivel privado, lo que podría deberse a que existe una mayor concientización sobre estos problemas o a que se pretende agilizar las acciones judiciales a este respecto. La mayoría de los casos son tríos completos que terminan en su mayoría en Inclusiones. La gran mayoría de exclusiones presentan más de dos compatibilidades; esto es una garantía de calidad del laboratorio. Se requiere la incorporación y la regulación expresa del análisis de ADN como medio probatorio en todos los juicios de filiación controvertida. El estudio de ADN facilita la aplicación de la justicia ya que evita las presunciones innecesarias y la enumeración taxativa de supuestos. Contribuye además, a la descongestión de la actividad judicial en los Juzgados de la Civil y en los tribunales de Menores, ya que evita demandas carentes de fundamento y solicitud de estudios inadecuados, en desuso e inútiles. Por otro lado, pone en igualdad a las partes procesales frente a la prueba, y hace posible una resolución rápida del problema.
