Los meses acontecidos tras la crisis del COVID-19 y la reacción, lenta y tardía, del poder institucionalizado, ponen en evidencia la posible y lamentable consecución de una «crisis jurídica». Frente a quienes encallan en las arenas de la parálisis normativa o en las piedras que arroja la falta de consenso político, se presta inexcusable reivindicar el papel instrumental del Derecho al servicio de la sociedad y la finalidad del mismo como manifestación de la moral colectiva de nuestro modelo de convivencia.
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