La regulación estatal sobre el régimen local no prevé de forma expresa el procedimiento a través del cual debe llevarse a cabo el cambio en la forma de gestión de un servicio público de titularidad municipal, ya establecido y en funcionamiento. Este vacío normativo ha provocado un debate jurídico en torno a cuáles deben ser los trámites a seguir para cambiar el modo gestor de los servicios públicos locales. Por la doctrina científica y por la jurisprudencia, se distinguen, fundamentalmente, dos posicionamientos, cuyos principales argumentos jurídicos se tratan de sintetizar en el presente estudio.
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