Resumen de El acusador privado y el principio de igualdad de armas: una crítica al ordenamiento jurídico colombiano

Miguel Diez Rugeles, Luis Felipe Vivares Porras

• español

  La  ley  1826  de  2017  (ley  1826,  2017)  introduce  dos  instituciones  novedosas  en nuestro ordenamiento jurídico: el procedimiento abreviado y el acusador privado. Esta última institución permite al representante de la víctima transformarse de interviniente a parte procesal, esto supone cambios en las condiciones jurídicas iniciales que impactan necesariamente a su contraparte: el acusado. Este impacto se advierte preponderantemente en relación con el llamado principio de la igualdad de armas. Interrogantes frente a la igualdad de condiciones entre las partes del proceso penal surgen frente a instituciones como: el principio de objetividad en la investigación, el descubrimiento probatorio, la carga de la prueba, los actos de investigación y los controles de estos últimos. Lo que pretendemos con este escrito es responder si, en el marco del procedimiento penal abreviado con presencia de acusador privado, la defensa del acusado puede solicitar, tal y como se le permite a su adversario procesal, la realización de actos complejos de investigación, conforme a la estructura del proceso penal colombiano y a los principios que lo orientan. Así, estaríamos contribuyendo a la discusión sobre las facultades investigativas de las partes en el proceso penal colombiano que interesa a académicos; pero también a los operadores del sistema penal.

• English

  The Ley 1826 de 2017 (Law 1826 of 2017) introduces two novel institutions to our legal system:

  the abbreviated procedure and the private accuser. This last institution allows the victim’s representative to shift from intervening party to procedural part, this supposes changes on the initial legal conditions that necessarily impact his counterpart: the accused. This impact is predominantly noticeable when regarding the principle of equality of arms. Questions regarding the equality of conditions between the parties to a criminal trial arise before institutions such as the principle of objectivity in the investigation, the discovery of evidence, the burden of proof, the acts of investigation, and the controls of the latter. This paper intends to answer if within the framework of the abbreviated criminal procedure with the presence of a private accuser, the defense can request, exactly as the counterpart is allowed, the execution of complex investigation acts, in accordance to the structure of the Colombian criminal process and the principles that guide it. Thus, a contribution regarding the investigative powers of the parties in the Colombian criminal process that interest academics would be made; but also, to the operators of the penal system.