El ordenamiento jurídico permite a las entidades locales financiar la ejecución de sentencias judiciales firmes mediante diversos medios, bien utilizando el fondo de contingencia, bien recurriendo al endeudamiento con entidades de crédito o con el Fondo de Financiación a Entidades locales, o, incluso, utilizando el superávit en el marco de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
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