La enorme responsabilidad que supone la gestión de una compra pública, ya sea una obra, un servicio o un suministro, determina la trascendencia de conocer el valor real de los bienes, obras, productos o servicios que cada poder adjudicador pretende contratar. El error de estimar el valor estimado del contrato tanto por encima de precio de mercado como por debajo de coste supone un efecto pernicioso para el contribuyente y, a medio o largo plazo, para el poder adjudicador.
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