Salamanca, España
Durante los últimos años existe entre los gobiernos de Ecuador, Venezuela y Bolivia un inusitado interés en la regulación del marco comunicativo al interior de sus fronteras. Si bien, en los tres países se da la coincidencia de que la legislación precedente resultaba obsoleta, obviando nuevos campos de acción y la irrupción de nuevas Industrias Culturales (Internet, telefonía celular,...), y procedente de épocas herederas de las grandes privatizaciones, muchos hoy ponen en duda el carácter aséptico de dichas propuestas. Tanto el marco regulador venezolano (Ley Orgánica de Comunicaciones -2000- y Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos -2010-), como el ecuatoriano (Ley de Radiodifusión y televisión -D. S, 256-A/1996- y Ley Orgánica de Comunicación -Proyecto de Ley Orgánica de Comunicación -2009-2011-) y el boliviano (Ley de Telecomunicaciones –Ley 1632/1995- y Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación -Proyecto de Ley 0474/2011-2012-) se encuentran en un momento de profundos e importantes cambios que, mientras para algunos analistas suponen una apertura al acceso y distribución de los medios de información y comunicación, para otros aseguran legalmente métodos de control y coerción estatal. Partiendo del modelo propuesto por la teoría crítica latinoamericana -y abordado desde los años 70 por el NOMIC como fomento básico de democratización-, de “Políticas Nacionales de Comunicación” (PNC) y su categorización –sistematizado y actualizado en base a nuevos contextos y la investigación reciente-, a través del análisis legislativo comparado, el análisis cualitativo comparado y las entrevistas a actores relevantes, desde las enseñanzas teóricas de la economía política de la comunicación y la teoría crítica, el trabajo procura examinar las similitudes entre dichos documentos y su relación (o la ausencia de la misma) con el marco constitucional vigente en cada uno de los países, así como, especialmente, con la adopción de políticas públicas culturales y de comunicación afines a lo propuesto en dichos documentos legales desde el periodo de su presentación (2009-2012), así como con el cumplimiento o la ausencia de los preceptos básicos de una PNC integradora, explícita y duradera.
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