Los sistemas públicos de salud tienen ante sí el formidable reto de responder a cuanto plantean la ciberseguridad, la protección de datos personales y el gobierno de la información en unos tiempos marcados por una todavía incompleta transformación digital y las dificultades presupuestarias. La colaboración entre las entidades que comparten los mismos riesgos y con aquellas otras que pudieran aportar soluciones es tanto una necesidad como un deber.
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