La reforma del régimen retributivo de las instalaciones productoras de energía mediante fuentes renovables en España llevada a cabo en el año 2013 derivó en un aluvión de recursos ante los Tribunales españoles, así como en el planteamiento de numerosos arbitrajes de inversiones ante los organismos internacionales. Esta última vía se reserva únicamente a aquellos considerados “inversores” bajo el Tratado de la Carta de la Energía. Y lo cierto es que ambas vías han llevado a resultados desiguales para los recurrentes
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