Desobediencia institucional: Un debate sobre el fundamento de la intervención penal y administrativa

• Autores: Rosa María Gallardo García
• Localización: Revista Electrónica de Estudios Penales y de la Seguridad: REEPS, ISSN-e 2531-1565, Nº. 6, 2020
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Institutional disobedience: A debate on the foundation of criminal and administrative intervention
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• Resumen
  • español

    La política criminal ante la desobediencia del funcionario público en el ejercicio del cargo se utiliza las dos ramas jurídicas de carácter sancionador, por un lado, el Derecho penal y por otro, el Derecho administrativo sancionador. Con intención de evitar una posible laguna de punición el legislador introduce determinados elementos comunes en ambas ramas. Estas coincidencias en las diferentes infracciones complican la interpretación dogmática de los operadores jurídicos, cuando deben dilucidar en qué infracción se puede subsumir un comportamiento de naturaleza desobediente.

    El exceso de celo del legislador de nuevo repite problemas de interpretación esta vez en el ámbito de la corrupción de la Administración pública. Este afán punitivista tiene como consecuencia la puesta en riesgo de los postulados garantistas más básicos, de ahí la necesidad de concretar qué interés jurídico tutelan estas infracciones, sin obviar que en el ámbito del régimen disciplinario la existencia de un bien jurídico opera como garantía y límite de la intervención

  • English

    The criminal policy before the disobedience of a civil servant in office uses the two legal branches of a sanctioning nature, on the one hand, the criminal law and on the other, the sanctioning administrative law. With the intention of avoiding a possible puncture gap, the legislator introduces certain common elements in both branches.

    These coincidences in the different infractions complicate the dogmatic interpretation of the legal operators when they must elucidate in which infraction a behavior of disobedient nature can be subsumed.

    The legislator's excess of zeal again repeats interpretation problems, this time in the area of public administration corruption. This punitive effort has the consequence of putting the most basic guarantee postulates at risk. Hence the need to specify what legal interest these infringements protect, without forgetting that within the scope of the disciplinary regime, the existence of a legal good operates as a guarantee and limit of the intervention