Resumen de El jurista de izquierdas Enrique Ramos Ramos y la cuestión religiosa durante la Segunda República y en el exilio de Nueva York”
Martín Marín. Francisco Jesús, Clara López Sánchez
Antes de examinar las intervenciones de Enrique Ramos Ramos en la elaboración de la Constitución de 1931, tenemos que situarnos en el contexto histórico en el que se encontraba España. El advenimiento de la República comienza con una fuerte presión anticlerical y laicista, tanto por parte de las capas populares de la sociedad como proveniente igualmente de las élites intelectuales radicales socialistas y socialistas. Cuando la Iglesia católica asumió un debate entre la hostilidad al nuevo régimen republicano o una postura más dialogante, que podríamos calificar de apertura al nuevo régimen, se produjeron una serie de acontecimientos que iban a tensar las relaciones entre los nuevos gobernantes y los partidos de centro izquierda e izquierda y la Iglesia, desbaratando cualquier posibilidad de encuentro y de acuerdo. La Segunda República tuvo su advenimiento sin que existiera una idea bien definida de cuales iban a ser sus relaciones con la Iglesia Católica. Había algunas coincidencias, pero no todo era asumible, y se produjeron numersos enfrentamientos y contrastes alarmantes. Los radicales socialistas, en varios casos iniciados en las Logias masónicas, fueron los primeros que en sus niveles de competencia política dieron comienzo a la laicización de hasta donde alcanzaba su atribución y sus cargos. El gobierno provisional, presidido por Niceto Alcalá-Zamora, estableció la libertad de cultos, aunque realmente el resto de los cultos eran pocos significativos en España. Parecía dispuesto a respetar casi íntregramente el concordato con Roma, por tener el carácter de ley estatal. Después, la separación entre la Iglesia y el Estado fue uno de los temas estrellas que entraron en debate en el seno de las Cortes. Hubo un ataque a los bienes muebles e inmuebles de las instituciones eclesiásticas. El cardenal Pedro Segura declaró abiertamente su hostilidad al gobierno. Entre tanto, algunos partidos republicanos de perfil más moderado se pusieron como meta el que se produjeran modificaciones en el sistema educativo acordes con la nueva época y con sus ideas. La redacción del anteproyecto constitucional y luego del proyecto abrió su paso en un ambiente donde no fue precisamente el humo de los cirios lo que se veía en su estela, sino la quema de iglesias y conventos. Tras las elecciones a Cortes constituyentes la cámara quedó conformada con una mayoría de centro izquierda y de izquierda. El Anteproyecto de la Comisión Jurídica Asesora no gustó al Gobierno provisional y desistió que fuera enviado a las Cortes. Ángel Ossorio Gallardo, presidente de la Comisión Jurídica Asesora, el 29 de julio de 1931 presentaba su dimisión al ministro de Justicia Fernando de los Ríos Urruti en los siguientes términos que son conocidos: «la circunstancia de haberse constituido en el Parlamento la Comisión que ha de redactar el proyecto constitucional, sin juzgar necesaria la presencia en ella del Presidente de la Comisión jurídica autora del anteproyecto, me priva en absoluto de la autoridad indispensable para continuar al frente de los trabajos de ésta. Por otra parte, como el suceso no puede haber ocurrido sin la aquiescencia del Gobierno, debo interpretarlo como la fórmula menos descortés y más hábil de notificarme que he dejado de merecer su confianza para desempeñar un mandato que solo a su benevolencia debo»1 . Las Cortes nombraron una comisión para elaborar un texto distinto del Anteproyecto. Al frente de la misma estaría Luis Jiménez de Asúa, uno de los mejores penalistas de todos los tiempos y, sin duda, entre los españoles, el mejor. Enrique Ramos Ramos presentó, en un intento de paliar el radicalismo del dictamen de la comisión parlamentaria, una enmienda el 6 de octubre en la que proponía dejar para una ley las condiciones aplicables a cada orden religiosa en particular, incluyendo la posibilidad de la disolución de algunas de ellas, así como de hecho ocurrió. La citada enmienda propuesta por Enrique Ramos había sido aceptada en un primer momento por un considerable grupo de representantes de los partidos políticos e incluso llegó a entreverse para algunos sectores como una posible fórmula de concordia. El discurso de ministro de Justicia con el que comenzó el debate provocó que este proyecto perdiera los adeptos que había conseguido en un primer momento. Esta enmienda incorporaba el concepto de Derecho público a la constitución, con lo que se pretendía no era otra cosa que delimitar las facultades, derechos y obligaciones de la Iglesia de modo unilateral por parte del Estado. Ramos proponía esta fórmula porque técnicamente le parecía la mejor para que la Iglesia católica quedase sometida al poder civil del Estado, y además el Estado conseguía un perfecto conocimiento del status y de la vida económica de la Iglesia. Aunque, en un primer momento, la enmienda de Ramos alcanzó a tener apoyos, tras la intervención de Fernando de los Ríos Urruti, ministro de Justicia que se suponía iba a apoyar la enmienda, pero que en realidad dio al traste con la misma, por lo que la propuesta de Ramos cayó al vacío, la comisión acordó realizar modificaciones en base a las enmiendas de Acción Republicana y del Partido Republicano Radical Socialista acordándose que las confesiones religiosas acabaran sometidas a una ley especial. En relación a la quema de Iglesias en Málaga en mayo de 1931, no está claro que desde la posición política que tenía Ramos Ramos moviera un dedo para evitar la actuación irracional de Gómez Caminero, ni tampoco para proteger al obispo Manuel González, recientemente elevado a los altares, quien tuvo que huir a Gibraltar. Igualmente, no pareció preocuparle a Ramos Ramos la quema de archivos parroquiales. Si en junio de 1931, Enrique Ramos Ramos obtuvo un acta de diputado por Málaga, solo se mantendría durante tres meses en sus funciones parlamentarias, ya que renunció al asiento en la Cámara para ponerse al servicio de Manuel Azaña Díaz en la calidad de subsecretario de Presidencia. Una de las mayores atrocidades de que ha sido objeto Enrique Ramos Ramos fue la de su inexistente relación con la masonería. Se le pretendió inculpar como miembro de la masonería, dado que su nombre aparecía en un listado realizado con objeto de precisar los posibles diputados masones en las Cortes Constituyentes. Se le instruyó, por ello, un sumario por el juzgado número 2 del Tribunal especial para la Represión de la Masonería y del Comunismo. La Delegación Nacional de Servicios Documentales tiene recogido el expediente que se le abrió como consecuencia de su posible pertenencia a una secta masónica. Daba la impresión en 1941 de que había estado afiliado a una Logia de Madrid. Este mismo juzgado abrió un informe negativo sobre antecedentes masónicos de Ramos. El fiscal que instruía la causa reabrió el proceso al determinar que existían pruebas, finalmente el 10 de julio de 1942 Enrique Ramos Ramos fue condenado a la pena de 20 años y un día de reclusión mayor y accesoria de interdicción civil e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercicio de cargos del Estado, corporaciones públicas, etc. El 23 de febrero de 1940, Enrique Ramos Ramos es mencionado por el presidente del Juzgado instructor provincial de Responsabilidaes Políticas de Madrid, nº 1, como “exministro rojo”. Es una verdadera atrocidad esta sentencia del tribunal constituido por el General Rada, presidido por Wenceslao González Oliveros y del que formaba parte un hijo de Víctor Pradera. Esta sentencia no prueba en ningún momento la pertenencia de Enrique Ramos Ramos a una logia concreta, no indica su grado de masón, número de la logia, pago de las cuotas o el que haya una sola carta emitida desde los archivos de las logias que lo señalara como miembro. Todos los expedientes constaban en la información del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y del Comunismo. Esta sentencia es inconcebible, es un atropello que exige que sea reabierto el procedimiento y aplicar a los miembros de esta Corte judicial la memoria histórica por su calidad de ladrones de la verdad, con la consiguiente “damnatio memoriae” para todo el tribunal.
Cuando Enrique Ramos Ramos se encontraba en el exilio, mantuvo el contacto con sus conocidos y amigos, entre ellos Carlos Esplá (1895-1971) quien abordaba todo tipo de cuestiones sin entrar apenas en la vida privada ninguno de los dos. Como queda patente, el anticlericalismo de Ramos Ramos se observa en las diversas intervenciones en las Cortes en relación con la elaboración de la nueva Constitución republicana. En las conversaciones carteadas con Carlos Esplá critica el catolicismo que invadía al pueblo neoyorkino, así como la ceguera que tenía la sociedad respecto a la Iglesia. En el punto de mira de sus disparos dialécticos, Enrique Ramos Ramos tenía a un cardenal estadounidense, Francis Spellman (1889-1967). Éste defendió la mejora y el prestigio de las instituciones católicas norteamericanas, influyó en ciertos aspectos de la legislación del Estado, sobre todo en cuestiones de moral pública, con un tenaz a la vez que incansable criterio conservador, basado en el más estricto sentido religioso; fue un ardiente cruzado anticomunista; tenía dotes financieras y administrativas hasta el punto de ser conocido con el seudónimo de Cardinal Moneybags. Estaba al frente de la archidiócesis neoyorkina, la más rica del mundo. Ramos, en una de sus misivas enviadas a Carlos Esplá, le hace sabedor de que monseñor Spellman visitaría España. Estuvo en Madrid en 1946 y en Málaga en 1958, con ocasión de una peregrinación a Lourdes acompañado de un nutrido grupo de personas.
En Madrid lo recibió el pueblo español con gran ovación. Fue aclamado hasta tal punto que no pudo dar un paseo a pie y tuvo que hacerlo en coche. Los fieles se arrodillaban ante él para recibir su bendición. Spellman supo palpar el sentimiento cristiano que en aquel momento invadía a los españoles. En Málaga, estuvo en 1958. Desembarcó y saludó a los que acudieron a cumplimentarle, digiéndose luego al Castillo de Gibralfaro y posteriormente a la nueva barriada del Generalísimo Franco, construida en los terrenos de Carranque, visitando el templo de San José, la Casa Sacerdotal y otros edificios principales de este núcleo. Fue una estancia muy breve. Cambiando de tercio, Enrique Ramos Ramos veía que al pueblo neoyorkino le hacía falta una dosis de anticlericalismo para que abriese los ojos, al menos, a algunas personas. Ramos solicitó a Carlos Esplá un artículo publicado en “Le Canard enchaîné”, un medio de prensa francés de izquierdas y con un fuerte contenido anticlerical que, tras su fundación en 1915, había destapado numerosos escándalos financieros y políticos en Francia, en el que se aprecia el enfrentamiento entre Spellman y Anne Eleanor Roosevelt (1884-1962), la viuda de Franklin Delano Roosevelt. El cardenal solicitaba que las escuelas católicas de Nueva York percibiesen ayudas por parte del Estado. La señora Roosevelt atacó ásperamente a Spellman y éste respondió haciéndola responsable de una campaña anticatólica. Viéndose desbordado por las críticas desfavorables, Spellman tuvo que visitar a la viuda Roosevelt para tratar de atenuar el enfrentamiento político entre ambos.
