Confinados en nuestras casas, incapaces de ser escuchados por la sociedad civil, con un Parlamento casi desactivado por el estado de alarma y con la mayor crisis humanitaria de las últimas décadas. No. No nos resignamos a aceptar que la llamada Ley Celaá entrase sin contestación por la puerta grande del Parlamento. Un simple hastagh sirvió para aglutinar a medio centenar de diócesis que, apoyadas después por otros movimientos, pusimos en jaque digital una estrategia ética, estética y jurídicamente inaceptable.
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