La autorización de usos en las edificaciones irregulares ha sido siempre una cuestión controvertida, debido a que su autorización deriva no de su ejecución conforme a la normativa vigente, sino del transcurso del tiempo junto con la inactividad administrativa de restauración de la legalidad. Los procesos de regularización de estas construcciones realizados hasta ahora en Andalucía han atendido en mayor parte a los usos no sometidos a autorizaciones sectoriales, como son los residenciales, al ser los de mayor incidencia social. Sin embargo, en la práctica también se encuentran este tipo de edificaciones de usos industriales y similares, cuya regulación actual requiere una breve reflexión.
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