Las medidas adoptadas por la Comisión responden en buena parte a las peticiones de las organizaciones agrarias, especialmente en materia de apertura de los mecanismos de intervención a través del almacenamiento privado, si bien quedan condicionadas a conocer las partidas presupuestarias destinadas a las distintas producciones y subsectores afectados (lechazos por ejemplo), las condiciones y requisitos para su activación, el alcance de las excepciones en materia de competencia, y las posibilidades reales de reorientación de las líneas de financiación de los programas de apoyo a los mercados.
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