Las infracciones sobre defensa de la competencia. Una lectura en clave penal: a propósito de las SSTS de 1 de octubre de 2019 y 28 de enero de 2020

• Autores: Guillermo García-Panasco Morales
• Localización: La Ley mercantil, ISSN-e 2341-4537, Nº. 67 (marzo), 2020
• Idioma: español
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• Resumen
  • español

    La aplicación de los principios del derecho penal al sistema administrativo sancionador ofrece una vertiente sugestiva en materia de defensa de la competencia. Las sentencias 1287/2019 y 1288/2019, de 1 de octubre, y 95/2020, de 28 de enero, dictadas por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, abordan el régimen de participación en una infracción administrativa definiendo el carácter más o menos necesario o relevante de la intervención del sujeto infractor. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, esta cuestión va más allá de la perspectiva del derecho sancionador porque presenta unas notorias implicaciones para la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Una excesiva rigidez en la definición del autor puede generar la paradoja de que alguien que no sea considerado como autor de una infracción administrativa, sea determinante de la transferencia de responsabilidad penal a la persona jurídica por la que actúa. El rigor formal propio del sistema administrativo sancionador no debería desconocer la coherencia misma de todo el ordenamiento jurídico

  • English

    The application of the principles of criminal law to the administrative sanctioning system offers a suggestive aspect in matters of competition defense. Judgments 1287/2019 and 1288/2019, of October 1, and 95/2020, of January 28, issued by the Third Chamber of the Supreme Court, address the regime of participation in an administrative offense defining the more or less necessary character or relevant to the intervention of the offending subject. However, from our point of view, this issue goes beyond the perspective of sanctioning law because it has notable implications for the criminal liability of legal persons. An excessive rigidity in the definition of the author can generate the paradox that someone who is not considered to be the author of an administrative offense, is a determining factor in the transfer of criminal responsibility to the legal person for whom he acts. The formal rigor proper to the administrative sanctioning system should not ignore the coherence of the entire legal system